Por qué exigimos justicia para nuestros compañeros y sus familias

La exigencia de justicia para los compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar no es solo un reclamo histórico: es una defensa activa de la dignidad obrera y de la memoria colectiva. En estos días, esa lucha se centra en el procesamiento de Emilio Parodi, quien fuera jefe de Personal en la planta de Bunge & Born (hoy en manos de Molinos) en Avellaneda, por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres trabajadores.

Según informó Tiempo Argentino, la persistencia de los familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos logró que Parodi sea puesto en el banquillo de los acusados. El caso revela cómo el aparato represivo se articuló con el poder económico para eliminar voces disidentes dentro de las fábricas.

Los tres trabajadores de la planta de Avellaneda fueron secuestrados y desaparecidos en el marco de un plan sistemático que incluyó listas provistas por empresas. Exigir justicia significa romper el silencio cómplice que durante décadas protegió a los civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado. No se trata solo de condenar a los militares: también hay que señalar a quienes desde las oficinas de recursos humanos entregaban nombres y facilitaban los operativos.

Esta causa tiene un valor particular para los perfiles de trabajadores que hoy enfrentan precariedad laboral. Recordar que hace cuatro décadas se desaparecía por organizar, por pedir mejores condiciones o simplemente por ser delegado, ayuda a entender los límites que todavía operan en el mercado de trabajo argentino. La impunidad de ayer alimenta las desigualdades de hoy.

Desde la perspectiva de quien analiza el crédito y las condiciones de vida de monotributistas, jubilados y empleados en relación de dependencia, la memoria no es un lujo cultural: es una herramienta para no repetir errores. Cuando un Estado y las empresas privadas se aliaron para suprimir derechos laborales, las consecuencias se sintieron durante generaciones. Exigir justicia es exigir que ese pacto nunca vuelva a ser posible.

Las familias de los desaparecidos de Bunge & Born han mantenido viva la demanda durante más de cuatro décadas. Su tenacidad demuestra que la verdad y la justicia no caducan. Cada paso judicial que logra avanzar en la imputación de civiles como Parodi representa un avance contra el olvido selectivo que ciertos sectores del poder económico pretenden imponer.

En un contexto donde el empleo formal se fragmenta y crecen las formas de trabajo vulnerable, recordar estos casos sirve como alerta. Los mismos mecanismos de control y disciplinamiento que operaron en los años setenta pueden reaparecer bajo formas más sutiles. Por eso la justicia no es solo para los compañeros y sus familias: es una garantía para las generaciones que hoy pelean por salarios dignos, por condiciones seguras y por el derecho a organizarse.

El procesamiento de Parodi no cierra la historia, pero abre un camino de accountability para el sector empresario. Las entidades financieras, los empleadores y el Estado deben entender que la sociedad ya no acepta que los crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad. La lucha continúa porque la memoria es colectiva y porque, mientras haya una sola familia esperando respuestas, la exigencia de justicia sigue vigente.